El Gobierno de España impulsa la regularización de medio millón de inmigrantes
La retórica antimigrante se ha convertido en una constante en la política de numerosos países a nivel global. No solo ha marcado la agenda de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, sino que también ha ganado protagonismo al otro lado del Atlántico. En diciembre, la Unión Europea acordó habilitar los llamados “centros de retorno” en terceros países para trasladar a migrantes en situación irregular.
Sin embargo, esta narrativa convive con otra realidad: la necesidad estructural de incorporar mano de obra extranjera para sostener el Estado del bienestar. En el caso de España, tanto Naciones Unidas como el Banco de España han advertido en años anteriores que el país necesita alrededor de 300.000 trabajadores migrantes al año para garantizar la viabilidad del sistema.
Con el objetivo de dar respuesta a esta situación, reducir la economía sumergida y combatir la explotación laboral, el Gobierno de España inició este martes los trámites para regularizar a cerca de medio millón de migrantes.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, se materializará mediante un Real Decreto que permitirá regularizar la situación administrativa de aquellas personas que hayan solicitado protección internacional hasta el 31 de diciembre de 2025 o que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia en el país antes de que finalice ese año.
Para demostrar dicho periodo de residencia, los solicitantes podrán presentar cualquier documento público o privado —o una combinación de ambos— y deberán acreditar la ausencia de antecedentes penales.
La autorización concedida tendrá una vigencia inicial de un año e incluirá un permiso de trabajo temporal válido en todo el territorio nacional, lo que permitirá a los beneficiarios incorporarse a cualquier sector laboral.
Según el Gobierno, el plazo máximo de tramitación de las solicitudes será de tres meses, desde principios de abril hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, aclaran que la mera admisión a trámite —que se resolverá en un plazo máximo de 15 días— permitirá a los solicitantes comenzar a trabajar desde el primer día.
Con la aplicación de esta medida, el Ejecutivo sostiene que se “dignificará” la vida de miles de personas que actualmente residen en España en situación administrativa irregular.
¿Cuántos migrantes en situación irregular hay en España?
Las cifras oficiales podrían quedarse cortas respecto al alcance real de la medida. Según estimaciones de Funcas, un centro de análisis vinculado a la patronal bancaria CECA, el número de extranjeros en situación administrativa irregular habría alcanzado las 840.000 personas a comienzos de 2025.
De ese total, alrededor de 760.000 procederían de América. Colombia encabeza la lista de países de origen, con cerca de 290.000 personas en esta situación, seguido de Perú (casi 110.000) y Honduras (alrededor de 90.000).
Se trata de un fenómeno que se ha intensificado de forma notable en la última década: Funcas estima que en 2017 la cifra de migrantes en situación irregular rondaba las 107.000 personas, lo que implica un aumento de casi ocho veces en apenas ocho años.
No obstante, desde la entidad advierten que el número total podría haberse reducido tras la entrada en vigor, en mayo de 2025, de una reforma de los procedimientos de regularización de población extranjera, orientada a simplificar y flexibilizar estos trámites.
Antecedentes de la medida
No es la primera vez que España recurre a una regularización extraordinaria de migrantes. Desde la década de 1980, este tipo de procesos se ha llevado a cabo en al menos seis ocasiones.
Bajo el Gobierno socialista de Felipe González, en 1986 se regularizó la situación de más de 38.000 personas. Posteriormente, entre 1991 y 1992, también durante su mandato, se concedió la residencia a más de 114.000 migrantes.
Durante los gobiernos de José María Aznar, las regularizaciones de 1996, 2000 y 2001 permitieron otorgar documentación a más de 524.000 personas.
La última regularización extraordinaria tuvo lugar hace casi 21 años, bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que atendió más de 576.000 solicitudes.
FUENTE CNN EN ESPAÑOL
